Abogado denuncia un monopolio que encarece las armas legales en República Dominicana
Adquirir un arma de fuego legal en República Dominicana se ha vuelto un lujo al alcance de muy pocos. Esa es la tesis que el abogado Cirilo de Jesús Guzmán expuso en el espacio del comunicador José Peguero, donde analizó los elevados costos y las trabas legales que —a su juicio— mantienen el mercado de las armas en manos de unos pocos.
Lo que denuncian
Según los expositores, una pistola legal puede costar entre RD$800,000 y RD$1,000,000 sumando el arma y los permisos, mientras los delincuentes consiguen armas ilegales a una fracción de ese precio. Días antes, Frank Fernández había denunciado públicamente la operación de un «monopolio» que controla el negocio de las armas, tanto legales como ilegales, y que habría disparado los precios limitando la competencia.
El centro del cuestionamiento es el Decreto 309-06, dictado en 2006 por el entonces presidente Leonel Fernández, que prohibió la importación de armas de fuego y municiones destinadas al comercio con particulares. Casi dos décadas después, Peguero y Guzmán se preguntan si esa medida protegió al ciudadano o simplemente empujó la demanda hacia el mercado ilegal, invisible para el Estado.
El marco legal vigente
La Ley 631-16 mantiene uno de los controles de armas más exigentes de la región: certificado de no antecedentes penales, evaluaciones psicológicas y físicas, pruebas antidopaje, acreditación en polígonos autorizados y registro en el Sistema Nacional de Armas. En febrero de 2023, el Decreto 30-23 autorizó por seis meses la importación de armas de uso civil solo para empresas de seguridad privada registradas, sin abrir el canal a los ciudadanos.
De acuerdo con cifras citadas en el debate a partir de datos del Ministerio de Interior y Policía, alrededor del 70 % de los homicidios cometidos en el país involucra armas en condición ilegal, y en 2025 las autoridades retiraron de circulación más de 6,500 armas.
La pregunta que queda abierta
El análisis también cuestiona el destino final de las armas decomisadas en los operativos contra el porte ilegal: si son destruidas bajo supervisión o si parte de ese armamento termina reintegrado a los circuitos de la Policía Nacional, un punto sobre el que no hay una respuesta oficial detallada.
Las afirmaciones sobre un monopolio son denuncias y planteamientos de los expositores citados, no conclusiones de este medio. El debate queda planteado ante las autoridades de Interior y Policía y la Intendencia de Armas, en un país donde la inseguridad mantiene alta la demanda de protección personal.
Fuente: análisis del abogado Cirilo de Jesús Guzmán en el espacio de José Peguero, publicado el 13 de noviembre de 2026.
Fuente: José Peguero — (Sigue leyendo...)